“Con la reforma constitucional del día 8 de junio de 2018, el Sistema de Justicia Penal en México sufrió una transformación radical, ya que introdujo un cambio de normas jurídicas y culturales con el fin de ubicarse dentro de un sistema de corte garantista. Entre otras nuevas características, el tránsito de un sistema inquisitivo cambió el carácter de parte acusadora al Ministerio Público porque el Constituyente replanteó su papel en aras de homologar sus funciones a la de representante social; lo anterior, con el objeto de salvaguardar los derechos fundamentales de las personas sujetas al proceso y con el propósito de fincar un adecuado equilibrio procesal.