"Sin embargo, es inconcuso, la información bancaria no se prevé deba otorgarse como parte de la investigación de posibles hechos delictivos, menos forma parte de la irrupción en la vida privada expresamente protegidas en el artículo 16 Constitucional. De ahí que la información bancaria que se solicitó, en este caso por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debió estar precedida de autorización judicial; sin embargo, ello no aconteció en el particular."

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), regularmente es omiso en pagar a sus derechohabientes las diferencias con motivo de los incrementos que tienen las pensiones otorgadas de enero de 2002 a febrero de 2007, ya que anualmente no aumenta conforme al porcentaje más benéfico, entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y los otorgados a los sueldos básicos de los trabajadores en activo.

En este número de la colección Temas selectos de Derecho Electoral, Marcos Francisco del Rosario Rodríguez desarrolla el tema de la reforma en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las implicaciones formales y de vinculatoriedad que se desprenden de esta.

El juez Séptimo de Distrito en Sinaloa, con sede en Los Mochis, declaró inconstitucionales diversos artículos del Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal al considerar que el ingreso de la papa estadounidense implica un riesgo de dependencia alimentaria que podría llevar a la desaparición del sector nacional dedicado al cultivo del tubérculo.

Desde los primeros semestres de la licenciatura se no enseña el significado de la palabra democracia, que de acuerdo a la Real Academia Española, es aquella forma de gobierno a través de la cual los ciudadanos ejercen el poder político.[1] Se considera que un país es democrático cuando elige a sus representante a través del voto, en México se establece esta forma de elección dentro de la Constitución de 1917[2], este año se cumplieron 101 un años de ser un país con dicha forma de gobierno.

En México, miles de familias de personas desaparecidas han recorrido por años un arduo camino para saber el paradero y la suerte que han corrido sus seres queridos. Eso ha conllevado un trabajo con las insti­tuciones del Estado encaminado a fortalecer sus capacidades de res­ puesta a las necesidades humanitarias generadas por la desaparición de personas. Uno de los frutos de estos esfuerzos es que el país cuente hoy con una Ley en la materia.

Los derechos humanos del imputado, actualmente se encuentran establecidos en el artículo 20 apartado B, en las nueve fracciones, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como también en el Nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Único, y regulados por los principios y derechos en el procedimiento penal acusatorio tales como principio de publicidad, de contradicción, de continuidad, de concentración, de inmediación, de igualdad ante la ley, de igualdad entre las par- tes, de juicio previo y debido proceso, de presunción de inocencia.

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