Antecedentes del caso:

  • Mi representada es una empresa legalmente constituida bajo las leyes mexicanas, la cual tiene como objeto social de manera enunciativa, más no limitativa…
  • Tal como se aprecia en la factura ***, expedida por “***”, consta que mi representada es propietaria del vehículo de motor ***, la cual se adjunta al presente ocurso para todos los efectos legales a que haya lugar, no obstante de que en la misma boleta de infracción se le reconoce el carácter de “propietario” a esta parte actora.
  • Es por ello que mi representada cuenta con interés jurídico para comparecer a juicio para impugnar la ilegal boleta de infracción de fecha ***, impuesta al conductor de la unidad; y solicitar su NULIDAD LISA Y LLANA, al ser propietaria del vehículo de motor descrito.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para fortalecer y democratizar al Poder Judicial de la Federación, a cargo de Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Aclaración

Artículo 69.-  Este artículo contempla la institución procesal de la aclaración de las resoluciones judiciales, mismas que solo son procedentes, de oficio o a instancia de parte, cuando en la misma resolución existan términos contradictorios, ambiguos u oscuros en el continente y contenido del fallo, pero  no cuando se trate de un argumento o defensa que fue materia de la Litis y que, el juez no pudo en forma alguna dejar de estudiar sin faltar al principio de congruencia, dado que dicha cuestión se refiere al fondo del asunto y de ninguna manera constituye una contradicción, ambigüedad u oscuridad.

Antecedentes del caso: 

En fecha 30 del mes de noviembre del año 2017, se emitió el oficio mediante el cual se determinó un crédito fiscal a la persona moral denominada “Chocolates El Rey, S.A de C.V”, notificado por buzón tributario en fecha 5 de diciembre del mismo año,  emitido por la C. Administradora Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato “3” de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, con sede en la Ciudad de Celaya, Guanajuato.

Si bien es cierto que, desde la adición del artículo 17-K al Código Fiscal de la Federación, la interacción entre las autoridades hacendarias y los contribuyentes pueden darse sin necesidad de papel escrito, ni de hacer presencia en el domicilio fiscal de este último. Lo cierto es que, dado el Estado de Derecho Constitucional bajo el que se rige el Estado Mexicano, esta interacción no puede ser de forma irrestricta; por ende, la autoridad se encuentra obligada a cumplir con todas las formalidades precisadas por la norma a efectos de que sus actos y notificaciones ostenten validez legal.

La doctrina reconoce la aplicación de la autoría correspectiva o autoría indeterminada en aquellos casos en los que, habiéndose comprobado una efectiva intervención conjunta en la comisión de un hecho punible (coautoría en la realización de la conducta potencialmente productora del núcleo típico), no logra acreditarse a plenitud, cuál de los actos múltiples, agresiones o lesiones específicas, o causantes del resultado dañoso, fue o fueron en conjunto el origen causal de su producción, es decir, se habla de una probabilidad de conducta y evidentemente, de responsabilidad.

Antecedentes del caso: 

  • En fecha ***, se emitió el oficio número ***, que contiene la resolución mediante la cual se determinó un crédito fiscal a la persona moral denominada ***, dictado por el Administradora Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Guanajuato “3”, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, con sede en la Ciudad de Celaya, correspondiente al ejercicio comprendido del 1° de enero de 2014 dos mil trece al 31 de diciembre de 2014, por un importe de ***.

Antecedentes del caso:

  • En fecha 5 cinco del mes de abril del año 2018 dos mil dieciocho, se emitió un requerimiento con unas multas por obligaciones incumplidas, emitidas por el C. Director General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de Guanajuato.
  • El día 24 veinticuatro del mes de abril del año 2018 dos mil dieciocho (fecha de notificación), se tuvo conocimiento por parte de la contribuyente que la autoridad fiscal impuso unas multas por la cantidad total de ***, por motivo de unas supuestas obligaciones omitidas en el mes de febrero del presente año.

La dinámica de cambio que ha venido revolucionando en la última década en el mundo del Derecho en México ha hecho más patente la interconexión entre las ramas para resolver problemas particulares, si bien a nivel académico  se han establecido posibles vínculos entre disciplinas ha sido la propia necesidad la que ha materializado las mismas, para el caso que nos ocupa desarrollamos la relación actual y justificada entre el  Derecho Administrativo en su variante sancionadora en correlación con el Derecho Penal y la Dogmática Jurídico Penal en el sistema mexicano.

Antecedentes del caso: 

  • En fecha 29 del mes de enero del año 2016, se emitió la solicitud de información y documentación contenida con número de oficio ***, Orden ***, por el Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Guanajuato “3”, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal con sede en la Ciudad de Celaya, donde se requirieron se exhibieran los contratos celebrados para soportar las deducciones declaradas.
  • Mediante escrito libre de fecha 6 del mes de febrero del año 2016, se aportaron en tiempo y forma 4 cuatro contratos de mutuo, respaldados con estados de cuenta bancarios aclarando el origen de los depósitos de la contribuyente.
  • En fecha 18 de enero del año 2018, se emitió la resolución contenida en oficio ***, mediante la cual se determinó un crédito fiscal, toda vez que derivó del oficio de observaciones contenido en oficio número ***, de fecha 15 de junio de 2017, dónde se negó valor probatorio a documentales sin fundamento legal para ello, con base en requisitos no especificados por la legislación fiscal que regula sus facultades de comprobación, trascendiendo tales consideraciones a la resolución determinante.

En un primer plano, de conformidad con el imperativo previsto por los numerales y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que todo Juzgador tanto en el ámbito del fuero común como federal tienen no solo la facultad, sino la obligación de inaplicar una norma secundaria que considere contravenga la Constitución Federal o alguno de los tratados internacionales de los que México forma parte, en este caso, el artículo 84 del Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero y Descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ya que si bien es cierto, no se puede hacer una declaración general sobre su invalidez o expulsar del orden jurídico las normas, al ser una facultad reservada exclusivamente a los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando como jueces constitucionales, sí existe la obligación de inaplicarla al caso concreto, ya que contraviene el derecho fundamental de seguridad y certeza jurídica prevista en el artículo 16 Constitucional, tal como se verá más adelante.

"El nuevo sistema de justicia penal tiene como premisa que un imputado debe permanecer en prisión solamente en los casos que exista plena justificación para ello, atendiendo a la gravedad de la conducta cometida, y que ello resulte indispensable para garantizar la comparecencia en juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, cuando así lo solicite el Ministerio Público.

Los trabajadores de confianza (Jefes de Departamento, Jefes de Unidad, Directores de Área, Directores Generales, Subsecretarios y Secretarios de Estado) del Gobierno del Estado, Congreso del Estado y Poder Judicial del Estado de Oaxaca; quincenalmente de manera obligatoria aportan al Fondo de Pensiones, el cual según la normatividad de la materia, es “…el patrimonio de la Oficina de Pensiones con el que se cubrirán las prestaciones y demás beneficios derivados…” de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca.

Es necesario conocer y estar actualizado con los sistemas de justicia que hacen en conjunto un Estado democrático acorde con los cambios internacionales y cumplir con los estándares que se deberán aplicar en los juicios orales. En el curso el alumno tendrá la oportunidad de conocer paso a paso las etapas que comprenden el Sistema Acusatorio Penal, así como los medios alternos de solución de controversias y los nuevos participantes en el nuevo sistema, dando un realce a los grandes cambios como los trascendentes en los derechos humanos.

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