En un primer plano, de conformidad con el imperativo previsto por los numerales 1° y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que todo Juzgador tanto en el ámbito del fuero común como federal tienen no solo la facultad, sino la obligación de inaplicar una norma secundaria que considere contravenga la Constitución Federal o alguno de los tratados internacionales de los que México forma parte, en este caso, el artículo 84 del Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero y Descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ya que si bien es cierto, no se puede hacer una declaración general sobre su invalidez o expulsar del orden jurídico las normas, al ser una facultad reservada exclusivamente a los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando como jueces constitucionales, sí existe la obligación de inaplicarla al caso concreto, ya que contraviene el derecho fundamental de seguridad y certeza jurídica prevista en el artículo 16 Constitucional, tal como se verá más adelante.

Los trabajadores de confianza (Jefes de Departamento, Jefes de Unidad, Directores de Área, Directores Generales, Subsecretarios y Secretarios de Estado) del Gobierno del Estado, Congreso del Estado y Poder Judicial del Estado de Oaxaca; quincenalmente de manera obligatoria aportan al Fondo de Pensiones, el cual según la normatividad de la materia, es “…el patrimonio de la Oficina de Pensiones con el que se cubrirán las prestaciones y demás beneficios derivados…” de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca.