Derecho Administrativo

En un primer plano, de conformidad con el imperativo previsto por los numerales y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que todo Juzgador tanto en el ámbito del fuero común como federal tienen no solo la facultad, sino la obligación de inaplicar una norma secundaria que considere contravenga la Constitución Federal o alguno de los tratados internacionales de los que México forma parte, en este caso, el artículo 84 del Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero y Descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ya que si bien es cierto, no se puede hacer una declaración general sobre su invalidez o expulsar del orden jurídico las normas, al ser una facultad reservada exclusivamente a los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando como jueces constitucionales, sí existe la obligación de inaplicarla al caso concreto, ya que contraviene el derecho fundamental de seguridad y certeza jurídica prevista en el artículo 16 Constitucional, tal como se verá más adelante.

Los trabajadores de confianza (Jefes de Departamento, Jefes de Unidad, Directores de Área, Directores Generales, Subsecretarios y Secretarios de Estado) del Gobierno del Estado, Congreso del Estado y Poder Judicial del Estado de Oaxaca; quincenalmente de manera obligatoria aportan al Fondo de Pensiones, el cual según la normatividad de la materia, es “…el patrimonio de la Oficina de Pensiones con el que se cubrirán las prestaciones y demás beneficios derivados…” de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca.

En el mes de enero del año dos mil doce, el Congreso del Estado dio un retroceso enorme en cuanto a la protección a los Derechos de Igualdad y Seguridad Social, ya que reformó el artículo 64, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, con la finalidad de evitar que las personas que desempeñaron cargos considerados de confianza, y que cotizaron al Fondo de Pensiones (Jefes de Departamento, Jefes de Unidad, Subdirectores, Directores de Área, Directores Generales, etc.), pudieran recuperar el dinero que de manera obligatoria les descontaban cada quincena.

A propósito de los anuncios en radio y televisión que promueve el Gobierno Federal, con la finalidad de que las personas mayores a sesenta años, puedan disponer de las cantidades que tienen en las subcuentas de retiro, las cuáles son manejadas por las famosas AFORES, que por lo regular son instituciones bancarias que “administran” nuestras cuentas; es importante compartirles estimados lectores, un tema que vulnera nuestros derechos humanos y que muchos desconocen, siendo precisamente el Gobierno Federal el directamente beneficiado.

A partir del mes de febrero del presente año, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Administración, ha hecho alarde de una supuesta revisión jurídica y normativa, que la Dirección de Recursos Humanos ha estado implementando para la revocación de más de quinientos nombramientos de base otorgados en el año dos mil dieciséis, argumentando que ello no significa el despido de persona alguna, y concluyendo con la siguiente aseveración por parte de dicha autoridad: “…El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Administración reitera su convicción de actuar siempre en apego a la norma, privilegiando el orden y adecuada operación de los procesos de basificación de los trabajadores…”.

A pesar de que los juzgados primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, octavo, noveno, décimo, y decimoprimero de distrito en nuestro Estado, han sostenido la inconstitucionalidad de la negativa del Director General del Fondo de Pensiones del Gobierno del Estado, para devolver los descuentos que se realizaron a los trabajadores de confianza; dicho funcionario público continua con su necedad, sustentándose en la relativamente nueva Ley de Pensiones, publicada en el mes de enero del año dos mil doce.