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Ley de extinción de dominio, naturaleza del proceso, naturaleza para efectos del amparo y preceptos susceptibles de tildarse de inconstitucionales (parte 1)
De manera particular, a partir de la REFORMA a los artículos 22 y 73, fracción XXX, de la Carta Magna, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo de 2019, se modificó el alcance de la figura (año 2008) e instruyó al Congreso de la Unión la expedición de una legislación reglamentaria única en la materia, por lo que se emitió la Ley Nacional de Extinción de Dominio (año 2019), con la cual se buscó dar efectividad a la modificación constitucional mencionada, con la finalidad de afianzar el camino hacia la lucha en contra de fenómenos delictivos que ponen en riesgo la seguridad de todas las…
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Procedimiento de responsabilidad resarcitoria. Debe cumplir con los principios de tipicidad y presunción de inocencia
PROCEDIMENTO DE RESPONSABILIDAD RESARCITORIA: Como punto de partida, comenzaremos por mencionar que el artículo 79 de la Constitucional, establece que la Auditoría Superior de la Federación podrá iniciar el PROCESO DE FISCALIZACIÓN a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en su caso realice, deberán referirse a la información definitiva presentada en la Cuenta Pública.
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El concepto denominado “cosa juzgada reflejada” y la aplicación de los “hechos notorios” dentro del Juicio Contencioso Administrativo
Como punto de partida, resulta pertinente preguntarnos lo siguiente ¿Qué es la cosa juzgada? Actualmente se ha avanzado mucho en la investigación de dicha institución jurídica. Varios son los autores que destacan dentro del presente tema, pero sobre todo hace eco el nombre de Francesco Carnelutti, pues inclusive se suele citar su obra titulada “SISTEMA DE DERECHO PROCESAL”, en distintas y variadas Tesis Aisladas y de Jurisprudencias, tal como se ve a continuación.
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Cómo ganar un juicio derivado por supuestas operaciones inexistentes, sin anexar físicamente una prueba (ilegales certificaciones bancarias)
ANTECEDENTES DEL CASO: Que el contribuyente en el año 2015, fue listado de forma definitiva, conforme a lo dispuesto en primer y segundo párrafo del numeral 69-B del CFF (como EFO).
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Instituto Mexicano del Seguro Social carece de facultades materiales para solicitar directamente al contribuyente información y/o documentación que obra en poder de otras autoridades
Como punto de partida, resulta de vital importancia destacar que toda autoridad debe fundamentar cabalmente su competencia en el propio acto administrativo que afecta la esfera jurídica de los gobernados, es decir, que debe citar con exactitud tanto los preceptos jurídicos que la crean, en su caso, también la que la establezcan, así como las disposiciones jurídicas que le otorguen facultades para emitir el acto, señalando con toda precisión los artículos, así como las respectivas, fracciones, incisos y subincisos, inclusive, transcribir el párrafo o párrafos que prevea la facultad que ejerce cuando la norma jurídica sea “compleja”,
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La tercería excluyente de dominio en materia Fiscal
Como punto de partida, es menester referirnos a lo que señalan los artículos 117, fracción II, inciso c), 121 y 128 del Código Fiscal de la Federación, mismos que a la letra establecen lo siguiente:
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Ilegalidad de las multas relacionadas con la expedición de Comprobantes Fiscales, por contravenir el Principio de Tipicidad
ANTECEDENTES DEL CASO: “…En fecha 5 del mes de abril del año 2019, la autoridad fiscal impuso una multa a un contribuyente por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 85, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, consistente en NO SUMINISTRAR –OJO AQUÍ- los comprobantes fiscales digitales por Internet solicitados por los visitadores, expedidos con el público en general por el periodo comprendido del 1° de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, con el público en general por el servicio de publicidad…”
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Cómo objetar una constancia TRM en alegatos de bien probado
Por regla general, en los alegatos no se pueden introducir nuevos elementos a la litis, sino que deben limitarse a reforzar los argumentos vertidos en la demanda y en sus ampliaciones. Sin embargo, dicho principio tiene una excepción, que se configura en torno a denuncias de ilegalidad por indebida fundamentación de facultades y competencia e incompetencia en sí misma de la autoridad; ya que estas pueden introducirse en los alegatos aún y cuando no se hayan hecho valer en la demanda o en sus ampliaciones.
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La negativa ficta y la confirmativa ficta. Sus diferencias en materia fiscal
Como punto de partida, la “NEGATIVA FICTA” es una figura jurídica que se basa en una presunción, donde se ignora un acto definitivo expreso y la fecha certera en que pudo surtir efectos en la esfera jurídica del gobernado.
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Amparo indirecto contra la paralización del procedimiento laboral (antes de la reforma del 1° de mayo y del 7 de julio del presente año 2019)
El problema de la sobrecarga de trabajo que aqueja a muchos órganos jurisdiccionales, en específico de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje de las distintas Entidades Federativas del país que todavía se encuentran en funciones – en adelante JFCA- de última instancia parece ser un problema sistemático-organizacional. En muchos casos este problema surge por las dificultades que suelen tener las JFCA, por un lado, por la falta de recursos económicos y humanos, y, por el otro, para determinar con qué criterios descartan o admiten incidentes o recursos, etc…
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Ilegalidad común de las multas impuestas por la Autoridad Fiscal, por no fundar y motivar debidamente la infracción con base en la información con la que contó
Ello es así, ya que toda autoridad debe fundamentar cabalmente su competencia y sus facultades materiales y territoriales en el propio acto administrativo que afecta la esfera jurídica de los gobernados
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Ilegalidad de las liquidaciones emitidas por las autoridades fiscales, como consecuencia de la inobservancia al procedimiento previsto por el artículo 42, párrafos antepenúltimo y penúltimo del Código Fiscal de la Federación
Lo anterior, incide en la garantía de audiencia y defensa del gobernado prevista por el legislador, por ello, las autoridades fiscales tienen la obligación de informar los hechos u omisiones que detecten cuando puedan entrañar un incumplimiento en el pago de contribuciones, de la manera que expresamente prevé el legislador.
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Ilegalidad de las boletas de infracción impuestas por personal de la Policía Federal (por falta de competencia territorial)
La garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 Constitucional, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional.
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Jefes de las oficinas de cobros de las subdelegaciones del IMSS, sin facultades materiales para comunicar avalúos por concepto de bienes embargados a los contribuyentes
En un primer lugar, resulta de vital importancia destacar que toda autoridad debe fundamentar cabalmente su competencia en el propio acto administrativo que afecta la esfera jurídica de los gobernados, es decir, que debe citar con exactitud tanto los preceptos jurídicos que la crean, en su caso, también la que la establezcan, así como las disposiciones jurídicas que le otorguen facultades para emitir el acto.
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Presupuestos procesales (acotaciones en cuanto a la vía o forma del proceso)
Aspecto teórico: Desde el punto de vista doctrinal, los presupuestos procesales son aquellos elementos o circunstancias que dan origen al proceso, que determinan la constitución de la relación procesal, o que aseguran la validez o eficacia de los actos procesales.
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