“Hoy esta publicación está a su alcance con la finalidad de atender el espíritu de la ley, y estamos seguros que será un auxiliar en el estudio del código nacional. En ella se representan gráficamente, mediante diagramas de flujo, las actividades que se llevan a cabo en cada una de las partes del procedimiento judicial, así como las pautas para el desarrollo de las audiencias que, a partir de la identificación de los sujetos procesales y de las partes en el procedimiento, favorecen la diferenciación en las obligaciones, en los derechos y en las facultades de cada uno de ellos. También se incluyen comentarios y observaciones para una mejor toma de decisiones.”
La adopción del sistema procesal acusatorio requiere unificar el procedimiento penal mediante un código nacional, en el cual se homologuen las reglas tanto de la administración de justicia local como federal.
Aún no concluye el plazo de implementación del nuevo sistema de justicia oral, pero éste no podrá ser más allá de junio de 2016, fecha límite para que el Código Nacional de Procedimientos Penales sustituya los códigos procesales de las 32 entidades de la República mexicana y el Código Federal de Procedimientos Penales, lo que impulsaría una misma justicia para el país.
También es un cambio normativo y cultural que motiva a los profesionales del derecho, y en especial a los juzgadores, a ubicarse dentro de un sistema de corte garantista, en donde los juicios, además de orales, serán públicos, garantizándose la transparencia en el actuar del juzgador y el respeto a los derechos humanos de la víctima y del imputado; por otra parte, se trata de un procedimiento dinámico y objetivo para todos los intervinientes, reparándose, también, el daño.
El nuevo proceso generará un valor agregado al sistema de justicia penal, ya que la eventual aplicación de mecanismos alternativos de solución y de justicia restaurativa disminuirá el congestionamiento de asuntos dentro de los órganos jurisdiccionales.
Ex Ministro Juan N. Silva Meza
