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Gerardo Francisco López Thomas
Derecho Penal, Opinión
Código Nacional de Procedimientos Penales. Estudio temático (LVIII) – Exhortos y requisitorias
El exhorto es la comunicación por escrito que un Juez dirige a otro de diversa competencia territorial para pedirle su colaboración, siempre que estén en el mismo nivel jerárquico o equivalente, nivel que serán determinados con base en las competencias y funciones que determinen cada Ley Orgánica del Poder Judicial, ya sea de la Federación o Estatales, en el exhorto se contiene una súplica al Tribunal al que se dirige.
Derecho Penal, Opinión
Código Nacional de Procedimientos Penales. Estudio temático (LVII) – Colaboración procesal
Artículo 74.- El artículo en comento se refiere a la colaboración que debe de existir de manera legal e institucional entre el ministerio público o la policía con autoridades federales o de alguna entidad federativa, que esta colaboración se regirá por lo previsto en la Constitución Federal en el Código Nacional Adjetivo comentado así como en las disposiciones contempladas en otras normas y convenios de colaboración que se hayan emitido o suscrito legalmente.
Firma
Artículo 70. Las resoluciones escritas deben ser firmadas por los órganos jurisdiccionales que las emitan, por ejemplo los acuerdos de trámite, los que impulsen o no el procedimiento, las interlocutorias y las sentencias, en general todas las determinaciones judiciales que se elaboren por escrito y que la ley exija su transcripción de las que se hayan determinado en audiencia oral.
Aclaración
Artículo 69.- Este artículo contempla la institución procesal de la aclaración de las resoluciones judiciales, mismas que solo son procedentes, de oficio o a instancia de parte, cuando en la misma resolución existan términos contradictorios, ambiguos u oscuros en el continente y contenido del fallo, pero no cuando se trate de un argumento o defensa que fue materia de la Litis y que, el juez no pudo en forma alguna dejar de estudiar sin faltar al principio de congruencia, dado que dicha cuestión se refiere al fondo del asunto y de ninguna manera constituye una contradicción, ambigüedad u oscuridad.
Existen infinidad de vídeos filmados principalmente en teléfonos celulares, que luego son subidos a las redes por la sociedad, en cuanto al actuar de los elementos de diferentes corporaciones policiales, ya sean municipales, estatales o federales. Vídeos que demuestran la molestia de estos servidores públicos cuando se les capta e incluso amenazan con arrestar a las personas que “se atreven” a hacerlo y en muchas ocasiones agreden de manera verbal y físicamente a las personas que lo hacen. Independientemente del abuso de autoridad en que incurren los elementos policiacos, estos servidores están impedidos constitucionalmente a prohibir tal acto de video-grabación, así como para asegurar o decomisar el aparato que se use para ello.
La reforma Constitucional en materia de proceso penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de junio del año 2008, amplía y garantiza los derechos del sujeto de procedimiento penal denominado víctima u ofendido de forma expresa, ya que el artículo 20 de nuestra Carta Magna en su apartado C, enumera en siete incisos los derechos de la víctima, estos en forma enunciativa, mas no limitativa.
Con fecha 7 de septiembre de 1990, en la Habana, Cuba y dentro del VIII Congreso de la Organización de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, se establecieron lineamientos esenciales en el actuar del Ministerio Público, entre otras cosas a la selección, la formación profesional y la condición de estos funcionarios, las funciones y la conducta que de ellos se espera, los medios de mejorar su contribución al buen funcionamiento del sistema de justicia penal y su cooperación con la policía, el alcance de sus funciones discrecionales y su papel en el procedimiento penal.
