Derecho Constitucional

El Ministro Cossío Díaz manifiesta que está en contra de la propuesta del proyecto. En primer término, se refiere a la metodología elegida, ya que le parece que la división de los temas afectará el resultado de la discusión, iniciar el análisis del tema de competencia aislado del tema de la invasión de esferas de otras materias, como la seguridad pública, y aun de la regulación específica de la seguridad interior como un tema de seguridad nacional, preconstituye votaciones de validez derivadas de una discusión puramente formal, para después utilizar éstas como apoyo y fundamento para declarar la validez en los temas sustantivos de la competencia. Es por ello que, a diferencia del proyecto, hace un análisis y posicionamiento integral del tema para pronunciarse sobre la competencia del Congreso de la Unión para legislar en la materia.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para fortalecer y democratizar al Poder Judicial de la Federación, a cargo de Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Desde los primeros semestres de la licenciatura se no enseña el significado de la palabra democracia, que de acuerdo a la Real Academia Española, es aquella forma de gobierno a través de la cual los ciudadanos ejercen el poder político.[1] Se considera que un país es democrático cuando elige a sus representante a través del voto, en México se establece esta forma de elección dentro de la Constitución de 1917[2], este año se cumplieron 101 un años de ser un país con dicha forma de gobierno.

Para llevar a cabo la individualización de la pena, el Juez de Juicio Oral o el Tribunal de Enjuiciamiento – según se trate del Código Procesal Penal Mexiquense vigente antes del 16 de junio de 2016, o del Código Nacional de Procedimientos Penales –, realiza un análisis de todos y cada uno de los factores comprendidos en las fracciones que integran el artículo 57 del Código Penal vigente para el Estado de México; incluyendo, desde luego, lo dispuesto por la fracción VIII del numeral en cita, así como lo ordenado por el artículo 69 del mismo ordenamiento punitivo, en su parte conducente, y entre otras penas, impone la amonestación pública para que no reincida el acusado, aplicándole el artículo 55 del propio Cuerpo de Leyes.