La figura del Amparo, se menciona por primera vez en legislación mexicana, en el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847. Este Acta también incorpora algunos derechos humanos – individuales – y pone a México de cara al mundo con el ejemplo de una limitante al ejercicio del poder de las autoridades en desmedro de los derechos del gobernado.
Los derechos humanos pueden ser considerados algunas veces como un tema novedoso de mediados del siglo XX, o bien como un tema obviado en su conocimiento, sin embargo, es innegable que estos existen desde antes de la creación de la ONU y es a partir de ella, que tales derechos han sido protegidos a nivel internacional.
Para llevar a cabo la individualización de la pena, el Juez de Juicio Oral o el Tribunal de Enjuiciamiento – según se trate del Código Procesal Penal Mexiquense vigente antes del 16 de junio de 2016, o del Código Nacional de Procedimientos Penales –, realiza un análisis de todos y cada uno de los factores comprendidos en las fracciones que integran el artículo 57 del Código Penal vigente para el Estado de México; incluyendo, desde luego, lo dispuesto por la fracción VIII del numeral en cita, así como lo ordenado por el artículo 69 del mismo ordenamiento punitivo, en su parte conducente, y entre otras penas, impone la amonestación pública para que no reincida el acusado, aplicándole el artículo 55 del propio Cuerpo de Leyes.
El Derecho Procesal Constitucional es una rama del derecho que se encarga del estudio de las vías procesales que permiten la protección de la supremacía constitucional y de los derechos contenidos en la Constitución.
