DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva.
En un primer plano, de conformidad con el imperativo previsto por los numerales 1° y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que todo Juzgador tanto en el ámbito del fuero común como federal tienen no solo la facultad, sino la obligación de inaplicar una norma secundaria que considere contravenga la Constitución Federal o alguno de los tratados internacionales de los que México forma parte, en este caso, el artículo 84 del Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero y Descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ya que si bien es cierto, no se puede hacer una declaración general sobre su invalidez o expulsar del orden jurídico las normas, al ser una facultad reservada exclusivamente a los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando como jueces constitucionales, sí existe la obligación de inaplicarla al caso concreto, ya que contraviene el derecho fundamental de seguridad y certeza jurídica prevista en el artículo 16 Constitucional, tal como se verá más adelante.
Los trabajadores de confianza (Jefes de Departamento, Jefes de Unidad, Directores de Área, Directores Generales, Subsecretarios y Secretarios de Estado) del Gobierno del Estado, Congreso del Estado y Poder Judicial del Estado de Oaxaca; quincenalmente de manera obligatoria aportan al Fondo de Pensiones, el cual según la normatividad de la materia, es “…el patrimonio de la Oficina de Pensiones con el que se cubrirán las prestaciones y demás beneficios derivados…” de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca.
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), regularmente es omiso en pagar a sus derechohabientes las diferencias con motivo de los incrementos que tienen las pensiones otorgadas de enero de 2002 a febrero de 2007, ya que anualmente no aumenta conforme al porcentaje más benéfico, entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y los otorgados a los sueldos básicos de los trabajadores en activo.
A pesar de que los juzgados primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, octavo, noveno, décimo, y decimoprimero de distrito en nuestro Estado, han sostenido la inconstitucionalidad de la negativa del Director General del Fondo de Pensiones del Gobierno del Estado, para devolver los descuentos que se realizaron a los trabajadores de confianza; dicho funcionario público continua con su necedad, sustentándose en la relativamente nueva Ley de Pensiones, publicada en el mes de enero del año dos mil doce.
