Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Opinión

La representatividad parlamentaria como elemento de la Democracia Constitucional

De acuerdo a la obra Teoria Generalle della política de Norberto Bobbio, la democracia debe cumplir con reglas del juego que forman las condiciones o también denominadas precondiciones de la democracia.[1]

  1. Todos los ciudadanos que hayan alcanzado la mayoría de edad, sin distinción de raza, de religión, de posición económica, de sexo o cualquier otra, tiene derecho a disfrutar de los derechos políticos, es decir, que cada uno tiene derecho a expresar una opinión propia o de elegir a quien la exprese por él.
  2. El voto de todos los ciudadanos debe tener igual peso.
  3. Todos aquellos que disfruten de los derechos políticos deben ser libres de votar según la propia opinión formada lo más libremente que sea posible, es decir, en una competencia libre entre los grupos políticos organizados en competencia entre ellos.
  4. Tienen que ser libres también en el sentido de que deben encontrarse en condiciones de elegir entre soluciones diversas, es decir, entre partidos que tengan programas distintos y alternativos.
  5. Tanto para las elecciones como para las decisiones colectivas debe valer la regla de la mayoría numérica, en el sentido de que se considere elegido al candidato o se considere válida la decisión que obtenga el mayor número de votos.
  6. Ninguna decisión tomada por mayoría debe limitar los derechos de la minoría, particularmente el derecho a convertirse a su vez en mayoría en igualdad de condiciones.

De acuerdo a Bobbio, cualquier sociedad que cumpla con estas condiciones puede denominarse democrática; realizando un análisis somero respecto de las condiciones en relación con nuestro país, podríamos afirmar en un primer momento que México es un país democrático, sin embargo al realizar un análisis crítico y profundo; externando que el segundo punto me es imposible agotarlo dentro del presente, debido a que son diversos los factores que se deben estudiar de forma seria y rigurosa para agotar respecto de la situación actual de la figura de la democracia en el Estado, me acotaré a uno solo de los elementos.

Al releer cada una de las reglas del juego, durante la elaboración de este ensayo me surgen varias interrogantes ¿todos los mexicanos somos libres de expresar una opinión? ¿los mexicanos cuentan con las herramientas necesarias para formular una opinión propia? ¿las y los mexicanos pueden elegir de forma libre e informada a sus representantes? ¿será cierto que todos los votos en nuestro país tienen el mismo peso o poder? ¿los grupos políticos en México realmente están organizados? ¿existe una gama amplia de alternativas políticas en el país? ¿las minorías han dejado de ser limitadas por las mayorías? Y así un sin fin de interrogantes.

Como conclusión a las interrogantes puedo decir que si bien en la actualidad contamos con un panorama normativo que garantiza la existencia de las condiciones de una democracia, la brecha entre lo escrito y realidad es mayúscula. Somos un país que tiene que crear mecanismos para proteger a defensores derechos humanos y periodistas por manifestar su opinión, que tiene a más de la mitad de su población en un contexto de pobreza, que en consecuencia de esa pobreza, se eligen a los gobernantes en cambio de apoyos económicos o materiales (que en ocasiones son $100.00 pesos o laminas para construir un espacio donde habitar); partidos políticos que se alían entre sí en época de elecciones, generando como resultado que las opciones sean limitadas y causando desorganización por el hecho de que al pasar la temporada de las citadas elecciones, las alianzas políticas en su gran mayoría velan por los intereses de su grupo parlamentario y no por el interés de las y los ciudadanos, un país que ha retrocedido en el tiempo y sigue menoscabando desde la propia Constitución la libertad personal del ser humano (arraigo y prisión preventiva oficiosa).

En consecuencia de lo que en lo personal me parece un panorama catastrófico, como también un área de oportunidades a mejorar, es ahí donde yo coloco a la Democracia Constitucional o también denominado constitucionalismo moderno, que de acuerdo a la obra del Dr. Salazar Ugarte, esta figura renovada de la democracia, nace de una fusión de las multicitadas reglas del juego y el liberalismo.[2]La corriente liberal con la cual contrasta dentro de su obra el Dr. Salazar Ugarte a la democracia de Bobbio, es aquella que sostiene que la esfera privada del individuo debe estar exenta de invasiones colectivas, porque solo de esta forma se garantiza el desarrollo individual de cada persona.[3]

En la actualidad la democracia constitucional solo se garantizaría a través del respeto a las precondiciones de libertad, igualdad, dignidad, vida y derechos humanos, aunado a la existencia de una representatividad parlamentaria eficiente y la existencia de instituciones que protejan cada una de las precondiciones, formando una estructura tripartita para el análisis de una democracia contemporánea.

 

La Inobservancia de las Minorías Desde el “Parlamento” Mexicano (Congreso de la Unión)

De acuerdo a Gargarella el sistema democrático adoptado en Latinoamérica, es un tipo de acuerdo contramayoritario debido a que genera exclusión para la diversidad de visiones, sentimiento e intereses que componen a una sociedad [4], pues si bien el poder legislativo está compuesto de representantes electos, de acuerdo a Gargarella este sector siempre ha generado desconfianza, en este mismo sentido el Dr. Rodolfo Vázquez añade como señalamientos respecto aquellas decisiones políticas que se toman con discrecionalidad y el quebrantamiento de la cohesión social por el uso de la violencia no institucional; por tanto en distintas ocasiones los hechos fácticos han demostrado que las elites políticas acuerdan conforme a los intereses de sus propios partidos o aliados políticos, generando de esta forma un acuerdo contramayoritario.

En la actualidad en nuestro país a través de las distintas decisiones tomadas por el Congreso de la Unión, se pueden observar cómo han realizado distintas determinaciones que en su gran mayoría causan afectaciones a las minorías o grupos en situación de vulnerabilidad en nuestro país; dos ejemplos de ellos son la aprobación de la Guardia Nacional y la ampliación del catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa, establecidos dentro del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los dos ejemplos señalados aparte de inobservar las graves afectaciones que causan a sectores vulnerables, también ignoraron la retroacción que generaron dentro del marco normativo con ambas acciones; en cuanto a la Guardia Nacional la crítica personal versa respecto que es inadmisible el que no se haya tomado en cuenta las varias sentencias internacionales que nos condenan como Estado mexicano debido al tema de la militarización y el uso ilegitimo de la fuerza que las corporaciones militares han desplegado, causando con ello el menoscabo de derechos humanos dentro de sectores vulnerables del país, puesto que si bien se ha señalado formalmente que esta corporación de seguridad es civil, en los hechos es de conocimiento público que los altos mandos o coordinadores en su mayoría son comandantes retirados o en inactivo, quienes tienen a su cargo la Coordinación de los operativos delegados a este cuerpo de seguridad.

No menos grave resulta la ampliación para el uso de la figura de la prisión preventiva oficiosa, dado que esta figura había sido modificada y limitada, debido a lo grave que es privar a una persona de su libertad personal, con anterioridad a ser juzgada por una autoridad jurisdiccional, pues al igual que el primer ejemplo, dentro de nuestro país una gran cantidad de antecedentes que recalcan la poca efectividad de esta figura y el que se generan graves violaciones a la dignidad humana, por el uso excesivo de la misma.

Tanto para la creación de la Guardia Nacional, como para la aprobación de la reforma al artículo 19 constitucional, se presentaron voces expertas, que representaban la academia, colectivos y principalmente a esos sectores vulnerables que históricamente han sido afectadas en temas de seguridad, como lo son mujeres, personas indígenas, defensores de los derechos humanos; históricamente ha quedado demostrado que en el tema de seguridad los más desventajados siempre ha sido la población que se encuentra dentro de un estado de pobreza, muestra de ello están las sentencias de, Rosendo Radilla, Valentina Rosendo Cantú, las mujeres de Atenco víctimas de violencia y tortura sexual, por poner un ejemplo. Las expertas y expertos externaron posibles consecuencias de crear y modificar las multicitadas figuras; ¿cuál ha sido es resultado? De acuerdo a notas de medios de comunicación el 2019 fue el más año más violento en el país, el número de feminicidios ha aumentado, concluyendo se forma superficial el que las acciones han resultado ineficaces.

La Necesidad de Deliberación Parlamentaria

Garzón Valdés precisa que, los legisladores no solo tienen la obligación de adoptar decisiones técnicamente adecuadas, sino también éticamente correctas, puesto que sostiene que existen respuestas moralmente correctas a los problemas políticos, afirmando que el gobierno no es un asunto de voluntad, sino de razón y sabiduría, consecuentemente las decisiones adoptadas por las y los legisladores deben estar dotadas de raciocinio y a ello le debe preceder un debate amplio, público y transparente que garanticen el interés general de una sociedad, pero sobre todo que salvaguarde las precondiciones y la observancia a los derechos humanos de las personas.[5]

Si contextualizamos lo anterior al actuar del Senado de la república en la pasada designación de la nueva Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ni siquiera realizando un sobreesfuerzo intelectual se justifica la “solución” que se adoptó dentro del viciado proceso, este no solo careció de razón y sabiduría, sino que también dejo entrever como el interés de una mayoría puede rebasar sin importar que con este tipo de acciones sean agraviados principios constitucionales y derechos de minorías.

No me resulta menos grave la falta de participación de las bancadas que representan a las minorías, pues si bien en el caso de la designación de la titular de la CNDH algunos de estos se manifestaron y externaron su inconformidad, desde mi perspectiva más que opinar y señalar a través de los medios, tienen el deber de actuar activando los mecanismos necesarios para hacer valer la Constitución y dotar de sentido y congruencia a una de sus tareas como legisladores; en el caso de la aprobación de la guardia nacional y la reforma al 19 constitucional, de igual forma algunas bancadas de minoría nos “han quedado a deber” una explicación razonable del porque aprobaron y apoyaron en ambos casos la decisión de esa mayoría que ha resultado arrolladora al momento de tomar decisiones.

Escuchando a un legislador reclamar al partido mayoritario dentro de una sesión en San Lázaro, aludiendo al contexto actual de violencia en el país, este externó que su partido les había dado el “voto de confianza” y por eso apoyaron el proyecto de la Guardia Nacional; sin embargo realizando un análisis  o reflexión, apunto personalmente que como bancada no es que hayan otorgado un “voto de confianza”, porque eso reduciría al actuar político a un mero acto de voluntad y no de raciocinio, pues el contexto actual de violencia y la desorganizada articulación del multicitado cuerpo de seguridad nacional, no es algo que únicamente se le deba reprochar al partido de mayoría, sino también a aquellas células políticas que decidieron respaldar la decisión, deduciendo que desde el exterior es posible percibir este tipo de sucesos como meros acuerdos de intereses políticos, que después de haber logrado la finalidad y en caso no haber tenido éxito se inician los señalamientos y derramamiento de culpas en los curules, lo cual al final no soluciona las necesidades de la sociedad.

El interés como lo plasma Garzon Valdés son intereses personales, los legisladores mexicanos deben comprender que su tarea no es velar por el interés de las masas que los eligieron o de sus partidos, sino que es garantizar el interés general de la sociedad mexiquense, en consecuencia es necesario e importante que a la actividad legislativa se integren los puntos propuestos por Garzón Valdés como el posicionamiento Burke-Schmiit:[6]

  1. La afirmación de verdades ético-políticas
  2. La convicción de contar con una sociedad homogénea para que pueda funcionar la representación parlamentaria
  3. La relación entre discusión y negociación desde la perspectiva de la satisfacción de los “verdaderos” intereses de las personas.

No soy omisa en señalar que tendríamos que interpretar los verdaderos intereses, son la salvaguarda de las precondiciones y la observancia de los derechos humanos, para así poder garantizar la coexistencia de la democracia, intereses que en ocasiones las sociedades no tienen claras y es por ello que la participación de la masas de forma directa es controlada a través de la representación, puesto que se pretende que a través de este diseño institucional no se acometan atropellos contra los sectores de mayor vulnerabilidad, lo cual ha sido y sigue siendo complicado de garantizar en nuestro país, pues como reiteradamente lo he mencionado, actualmente con las decisiones tomadas en sede legislativa se da un mensaje que en nuestro país prevalecen las mayorías sin importar el agravio a los derechos de las minorías.

Es por ello que se requiere de modificar distintos factores para que la calidad de la deliberación parlamentaria en nuestro país se más enriquecedora, tema que amerita un estudio por aparte, sin embargo, es necesario asegurar a través de las nuevas tecnologías y las organizaciones civiles exigirle a los grupos parlamentarios de minoría que desempeñen su labor, de forma tal que protejan las precondiciones necesarias para la garantía de la democracia en nuestro país.

Conclusión

La representatividad parlamentaria y el fortalecimiento de la misma es necesaria para la consolidación de la democracia constitucional en México, puesto que si bien los órganos jurisdiccionales son aquellos que garantizan la protección de los derechos humanos a través de las garantías procesales reguladas dentro de los cuerpos normativos correspondientes, la solución al problema respecto que las decisiones o intereses de las mayorías en reiteradas ocasiones menoscaban los derechos de los menos; las violaciones o menoscabo a los derechos no siempre deben o tienen que ser resueltas en instancias judiciales, cuando es posible que a través de un debate serio y racional se puede evitar la creación o emisión de actos que trastoquen a los sectores minoritarios, lo cual es posible si desde el primer momento el parlamento asume como una tarea seria, la vigilancia y la salvaguarda los intereses verdaderos de la sociedad.

 

Bibliografía

Garzón Valdés, Ernesto, Sobre representación y democracia, Universidad de Alicante, España, 2007.

Salazar Ugarte, Pedro, La democracia constitucional, México, Fondo de Cultura Económica, 2006,

Vázquez, Rodolfo, Derechos Humanos una lectura liberal igualitaria, México, UNAM 2016.

 

 

 

[1] Salazar Ugarte, Pedro, La democracia constitucional, México, Fondo de Cultura Económica, 2006, p. 32

[2] Salazar Ugarte, Pedro, La democracia constitucional, México, Fondo de Cultura Económica, 2006, p. 144.

[3] Salazar Ugarte, Pedro, La democracia constitucional, México, Fondo de Cultura Económica, 2006, p. 145.

[4] Vázquez, Rodolfo, Derechos Humanos una lectura liberal igualitaria, México, UNAM 2016, P. 147

[5] Garzón Valdés, Ernesto, Sobre representación y democracia, Universidad de Alicante, España, 2007, p. 144.

[6] Garzón Valdés, Ernesto, Sobre representación y democracia, Universidad de Alicante, España, 2007, p. 148.

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