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La doctrina reconoce la aplicación de la autoría correspectiva o autoría indeterminada en aquellos casos en los que, habiéndose comprobado una efectiva intervención conjunta en la comisión de un hecho punible (coautoría en la realización de la conducta potencialmente productora del núcleo típico), no logra acreditarse a plenitud, cuál de los actos múltiples, agresiones o lesiones específicas, o causantes del resultado dañoso, fue o fueron en conjunto el origen causal de su producción, es decir, se habla de una probabilidad de conducta y evidentemente, de responsabilidad.

Antecedentes del caso: 

  • En fecha ***, se emitió el oficio número ***, que contiene la resolución mediante la cual se determinó un crédito fiscal a la persona moral denominada ***, dictado por el Administradora Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Guanajuato “3”, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, con sede en la Ciudad de Celaya, correspondiente al ejercicio comprendido del 1° de enero de 2014 dos mil trece al 31 de diciembre de 2014, por un importe de ***.

Antecedentes del caso:

  • En fecha 5 cinco del mes de abril del año 2018 dos mil dieciocho, se emitió un requerimiento con unas multas por obligaciones incumplidas, emitidas por el C. Director General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de Guanajuato.
  • El día 24 veinticuatro del mes de abril del año 2018 dos mil dieciocho (fecha de notificación), se tuvo conocimiento por parte de la contribuyente que la autoridad fiscal impuso unas multas por la cantidad total de ***, por motivo de unas supuestas obligaciones omitidas en el mes de febrero del presente año.

La dinámica de cambio que ha venido revolucionando en la última década en el mundo del Derecho en México ha hecho más patente la interconexión entre las ramas para resolver problemas particulares, si bien a nivel académico  se han establecido posibles vínculos entre disciplinas ha sido la propia necesidad la que ha materializado las mismas, para el caso que nos ocupa desarrollamos la relación actual y justificada entre el  Derecho Administrativo en su variante sancionadora en correlación con el Derecho Penal y la Dogmática Jurídico Penal en el sistema mexicano.

Antecedentes del caso: 

  • En fecha 29 del mes de enero del año 2016, se emitió la solicitud de información y documentación contenida con número de oficio ***, Orden ***, por el Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Guanajuato “3”, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal con sede en la Ciudad de Celaya, donde se requirieron se exhibieran los contratos celebrados para soportar las deducciones declaradas.
  • Mediante escrito libre de fecha 6 del mes de febrero del año 2016, se aportaron en tiempo y forma 4 cuatro contratos de mutuo, respaldados con estados de cuenta bancarios aclarando el origen de los depósitos de la contribuyente.
  • En fecha 18 de enero del año 2018, se emitió la resolución contenida en oficio ***, mediante la cual se determinó un crédito fiscal, toda vez que derivó del oficio de observaciones contenido en oficio número ***, de fecha 15 de junio de 2017, dónde se negó valor probatorio a documentales sin fundamento legal para ello, con base en requisitos no especificados por la legislación fiscal que regula sus facultades de comprobación, trascendiendo tales consideraciones a la resolución determinante.

En un primer plano, de conformidad con el imperativo previsto por los numerales y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que todo Juzgador tanto en el ámbito del fuero común como federal tienen no solo la facultad, sino la obligación de inaplicar una norma secundaria que considere contravenga la Constitución Federal o alguno de los tratados internacionales de los que México forma parte, en este caso, el artículo 84 del Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero y Descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ya que si bien es cierto, no se puede hacer una declaración general sobre su invalidez o expulsar del orden jurídico las normas, al ser una facultad reservada exclusivamente a los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando como jueces constitucionales, sí existe la obligación de inaplicarla al caso concreto, ya que contraviene el derecho fundamental de seguridad y certeza jurídica prevista en el artículo 16 Constitucional, tal como se verá más adelante.

"El nuevo sistema de justicia penal tiene como premisa que un imputado debe permanecer en prisión solamente en los casos que exista plena justificación para ello, atendiendo a la gravedad de la conducta cometida, y que ello resulte indispensable para garantizar la comparecencia en juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, cuando así lo solicite el Ministerio Público.