A partir de reforma al artículo 1° Constitucional publicada el 10 de junio de 2011 y la ejecutoria dictada el 14 siguiente, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente VARIOS 912/2010, todas las autoridades del país dentro del ámbito de sus competencias se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la constitución, sino también por aquéllos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, principio conocido como principio pro persona, estableciendo que dicha función se realizaría mediante la aplicación de un control de…