El quejoso aduce que la determinación de inscribirlo en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos es discriminatoria y afecta sus derechos humanos reconocidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que lo señalan ante la población como incumplido respecto de una obligación que no es original del impetrante, sino que deriva del estado de vulnerabilidad económica de la cónyuge solicitante de la pensión alimentaria.