Vie. Feb 16th, 2024

La extradición es un mecanismo de cooperación internacional que permite la entrega de una persona que se encuentra en un país (Estado requerido) a otro país (Estado requirente) que la reclama para juzgarla o ejecutar una pena por algún delito.

En México, el procedimiento de extradición se rige por los tratados internacionales que ha suscrito con otros países, y en su defecto, por la Ley de Extradición Internacional y el principio de reciprocidad.

El proceso de extradición en México se puede dividir en dos fases: una administrativa y otra judicial.

La fase administrativa comienza cuando un Estado hace la solicitud de extradición a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que la evalúa y verifica que cumpla con los requisitos establecidos en el tratado aplicable o en la ley. Si la solicitud es procedente, la SRE la transmite a la Fiscalía General de la República (FGR), que es la encargada de intervenir en los procedimientos de extradición.

La FGR revisa y analiza si la solicitud reúne los elementos necesarios para iniciar el procedimiento judicial. Si es así, solicita a un juez federal competente que ordene la detención provisional con fines de extradición o bien presente formalmente al reclamado ante el juez para iniciar el juicio.

La fase judicial se desarrolla ante un juez federal especializado en materia penal, que debe garantizar el debido proceso y los derechos humanos del reclamado. El juez escucha los argumentos tanto del Ministerio Público Federal como del reclamado o su defensor, y resuelve si procede o no conceder su entrega al Estado requirente.

Si el juez resuelve favorablemente a la extradición, remite su decisión a la SRE para que ésta emita el acuerdo correspondiente. La SRE tiene un plazo máximo de 20 días hábiles para resolver si concede o rehúsa definitivamente la extradición.

Si concede la extradición, notifica al Estado requirente para coordinar las condiciones y modalidades del traslado del reclamado. La FGR realiza el traslado de las personas extraditadas en coordinación con varias áreas, entre ellas Interpol-México.

Si rehúsa la extradición, ordena al juez federal competente poner al reclamado en libertad inmediata.

El acuerdo emitido por la SRE puede ser impugnado por el reclamado o su defensor mediante un juicio de amparo indirecto ante un tribunal colegiado. El tribunal colegiado revisa si se cumplieron las formalidades legales y si se respetaron los derechos humanos del reclamado durante el procedimiento. Si confirma el acuerdo, queda firme y se ejecuta; si lo revoca, ordena dejarlo sin efecto y liberar al reclamado.

El proceso de extradición puede durar desde unos meses hasta varios años, dependiendo de diversos factores como: la complejidad del caso; las pruebas presentadas; las impugnaciones interpuestas; las medidas cautelares solicitadas; entre otros.

*Publicación creada con inteligencia artificial

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por iA

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