El Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género ene como propósito atender las problemáticas detectadas y las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en los casos de “Campo Algodonero”, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, relativas al ejercicio del control de convencionalidad por quienes imparten justicia y, por tanto, a la aplicación del Derecho de origen internacional, así como al establecimiento de instrumentos y estrategias de capacitación y formación en perspectiva de género y derechos de las mujeres.
Este Protocolo constituye un instrumento que permite, a quienes tienen a su cargo la labor de impartir justicia, identificar y evaluar en los casos sometios a su consideración:
- Los impactos diferenciados de las normas;
- La interpretación y aplicación del derecho de acuerdo a roles estereotipados sobre el comportamiento de hombres y mujeres;
- Las exclusiones jurídicas producidas por la construcción binaria de la identidad de sexo y/o género;
- La distribución inequitativa de recursos y poder que deriva de estas asignaciones, y
- La legitimidad del establecimiento de tratos diferenciados en las normas, resoluciones y sentencias.Desde la independencia e imparcialidad que guía la impartición de justicia, este
Protocolo propone vías para detectar las circunstancias estructurales que perpetúan las violaciones a los derechos humanos en virtud de la identidad sexo-genérica de las personas, enfatizando la importancia de que la labor jurisdiccional tome en cuenta la complejidad del contexto social, económico y cultural.El público objetivo de este instrumento es quienes imparten justicia a nivel federal y estatal, y todas aquellas personas e instituciones involucradas en los procesos de acceso a la justicia.
El Protocolo responde a los hallazgos detectados en el Diagnóstico diversificado que se realizó al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2008 y 2009, el Diagnóstico “Conocimiento y Percepciones sobre Género y Derechos Humanos del Personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación” de 2012 y en el Diagnóstico sobre género y cultura laboral elaborado en 15 Tribunales Superiores de Justicia Estatales.
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