Posts by Carlos Guillermo Gómez Zamudio

Abogado poblano por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Maestro en Derecho con terminal en ciencias penales aprobado con "Mención honorífica" por la División de estudios de posgrado de la misma casa de estudios. Estudios realizados en la Licenciatura en Seguridad Pública por Universidad Abierta y a Distancia de México, Maestrante en Administración Pública por el INAP. Experiencia docente y de investigación a nivel licenciatura en derecho penal, teoría del delito y sistema acusatorio. Fungió como primer Director General de Asuntos Jurídicos en la SSP-Puebla, así mismo, desempeñó diversos cargos en el INM culminando con la Dirección General Adjunta de Información e Investigación Migratoria. Autor del libro "Dogmática Jurídico Penal aplicada al sistema judicial mexicano" (2015). Activista permanente en diversas asociaciones y defensor de la cultura "Pro Bono". Penalista por convicción y administrativa por decisión. Apasionado de las carreras de obstáculos y emprendedor.

En la segunda década del siglo XXI se ha visto un avance considerable en el uso de las nuevas tecnologías aplicadas en muchos campos del conocimiento, en ese aspecto el derecho no ha sido ajeno al mismo, ha permeado de manera considerable y podemos apreciar ya sus efectos, siendo que en el presente texto se pretende analizar algunos aspectos presentes y futuros de dicha relación de trabajo entre el derecho y las nuevas tecnologías.

Con la entrada en vigor a partir de 2016 del denominado sistema penal acusatorio mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federal el 18 de junio de 2008 derivado de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, aunado al cambio de paradigma en la impartición de justicia en nuestro país, es que el tema penal cobró amplia relevancia y notoriedad nuevamente, ello derivado del propio contexto y las necesidades de cumplir a la sociedad con un derecho fundamental imprescindible por parte del estado mexicano que es el acceso a la justicia que se encuentra consagrado en el artículo 17 de la Constitución, así como del principio de legalidad de aplicación obligatoria para cualquier estado social y democrático de derecho.