“Con la reforma constitucional del día 8 de junio de 2018, el Sistema de Justicia Penal en México sufrió una transformación radical, ya que introdujo un cambio de normas jurídicas y culturales con el fin de ubicarse dentro de un sistema de corte garantista. Entre otras nuevas características, el tránsito de un sistema inquisitivo cambió el carácter de parte acusadora al Ministerio Público porque el Constituyente replanteó su papel en aras de homologar sus funciones a la de representante social; lo anterior, con el objeto de salvaguardar los derechos fundamentales de las personas sujetas al proceso y con el propósito de fincar un adecuado equilibrio procesal.
Además, con sustento en los principios que rigen los derechos humanos, víctima y procesado adquirieron un nuevo dinamismo dentro del proceso. Sus derechos sustantivos y procesales se ciñeron al nuevo control de regularidad convencional y constitucionalidad y, con ello, esta regulación permeó en las obligaciones de los operadores jurídicos para resolver los procesos.
En este tenor, el Poder Judicial de la Federación, como órgano constitucionalmente competente para proteger los derechos humanos por conducto de las resoluciones dictadas en los juicios de amparo y como impartidor de justicia, tiene el deber de resolver los casos conforme a las nuevas normas jurídicas penales, y al realizar esta labor también otorga los parámetros de interpretación de éstas, que permiten el conocimiento certero del alcance de las nuevas figuras jurídica penales contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Por esta razón, con sustento en una obligación constitucional contenida en el artículo 1o. constitucional, a través de sus resoluciones, el Poder Judicial de la Federación no solamente resuelve casos concretos y con ello imparte justicia, sino que estas determinaciones como normas jurídicas individualizadas deben ser del conocimiento del grueso de la población de manera que permitan construir la nueva realidad jurídica del sistema penal acusatorio.
Así, como parte integrante de esta institución federal, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito a través de sus magistrados integrantes al momento en que surgieron estas ideas pretende dar a conocer el sentido de sus determinaciones y las tesis que al respecto ha emitido, con el afán de otorgar una nueva visión de la aplicación de las normas que rigen el sistema penal acusatorio.
Este circuito se ubica en el Estado de Quintana Roo, en donde los asuntos de índole penal se han incrementado, lo que ha generado que el citado tribunal de amparo tenga conocimiento de múltiples asuntos iniciados a partir de la vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Por lo tanto, como parte del compromiso social de los funcionarios que lo integran, las resoluciones se distinguen por el exhaustivo trabajo que ellos realizan para dar, además de solución de controversias, un marco teórico jurídico referencial que permita ilustrar a los operadores jurídicos acerca del sentido de sus determinaciones.
De esta forma, en el presente trabajo se seleccionaron veinte casos concretos en materia de resoluciones dictadas por los Magistrados entonces integrantes del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito. La selección de ellos se realizó por su importancia y trascendencia, así como por el alcance jurídico de las determinaciones que ahí se adoptaron.
El marco jurídico de esta obra se centra en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la interpretación de las normas jurídicas así como la definición de conceptos y figuras jurídicas que el citado ordena- miento establece, todo ello permeado con estricto apego a los principios jurídicos que rigen los derechos humanos de la partes en el proceso; que, concretizados en hechos fácticos, interaccionan con otros ordenamientos jurídicos como la Ley de Amparo y, en específico, con la institución del juicio de amparo.
Así, en el presente trabajo se realiza la exposición de veinte casos reales del sistema acusatorio adversarial mexicano y en cada uno de ellos se identifica el tema, el problema jurídico que se resuelve y una breve introducción teórica. Sentado lo anterior, identificados los hechos se vierten las consideraciones jurídicas que sustentan la resolución, así como el criterio sustentado en dicha determinación por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito.
Estos casos fueron seleccionados precisamente para ilustrar los pro- blemas jurídicos que la implementación del sistema adversarial plantea con su aplicación, por lo que se estimaron relevantes al no haber sido tema de estudio en otros asuntos que ha resuelto el Poder Judicial de la Federación.
Además, el orden en que se muestran se conjuga con las etapas del sistema penal adversarial; esto es, el citatorio, el no ejercicio de la acción penal, la orden de aprehensión y sus requisitos, el auto de vinculación a proceso, la prisión preventiva, la etapa intermedia y el recurso de ape- lación. Posteriormente se presentan casos relacionados con el juicio de amparo indirecto y su procedencia contra actos en el nuevo sistema, en- tre los que debe destacarse el relativo a la representación de las víctimas y los menores de edad, los requisitos de los discos versátiles de grabación de las audiencias, para concluir con un tema relacionado con el juicio de amparo directo y con un conflicto competencial.
Con base en lo anterior, el objeto de esta obra es meramente ilustrativa, no persigue un efecto terminal en los temas que trata sino explicativo de las razones jurídicas de los criterios que prevalecieron en los asuntos que se plantean, que pueden ser confirmados, revocados o modificados por el Alto Tribunal del País pero que al momento permiten crear las bases de la implementación del sistema con sustento en el respeto de los derechos humanos fundamentales.
Así los autores, en una experiencia intelectual compartida en esta obra, exponemos nuestras reflexiones, posibles soluciones y humildes propuestas que deseamos sean, en la medida de lo posible, gotas de agua cristalina que alimenten el enorme océano de la operación del Sistema Acusatorio en nuestro país.
Por último, dedicamos este libro al Poder Judicial de la Federación por su invaluable formación en nuestra juventud y su confianza, al día de hoy, en la difícil y apasionante misión de juzgar.”
Introducción de 20 casos reales del sistema acusatorio adversarial mexicano y sus tesis resueltas por el Poder Judicial de la Federación. Selina Haidé Avante Juárez, Juan Ramón Rodríguez Minaya y Jorge Mercado Mejía.
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