Delitos de corrupción de funcionarios

La corrupción de funcionarios es uno de los grupos de delitos que ma yor menoscabo produce a la institucionalidad y al funcionamiento de la administración estatal.

Sea que el delito refleje el trastocamiento o la pobreza de valores de nuestras autoridades, se configure como un abuso o prevalimiento del poder público u ocasione, además, perjuicios económicos al patrimonio estatal, su comisión incrementa la desconfianza de la colectividad en las instituciones, debilitando el sistema democrático al deslegitimizándolo; en especial, en contextos –como el nuestro– en los que la corrupción se percibe como un mal generalizado del sistema estatal y
la sensación de impunidad es patente.

Desde la perspectiva del Derecho Penal, los delitos de corrupción de funcionarios se han tipificado, de lege lata, como delitos contra la Administración Pública, sin embargo, este es –como señala la doctrina mayoritaria– un interés jurídico “genérico”, cuya enunciación es insuficiente para comprender acabadamente los tipos penales específicos.

Así sucede en cuatro de los delitos paradigmáticos pertenecientes a este ámbito de la criminalidad: la colusión, el peculado, la malversación y el cohecho.

A la vez, la configuración de estos delitos suele asociarse al quebrantamiento de deberes especiales inherentes al cargo o al estatus funcionarial, lo que genera una interesante problemática referida a las reglas “especiales” de autoría y participación, generada ante la intervención delictiva, en un mismo hecho punible, de funcionarios (intranei) y particulares (extranei).

En este terreno, por ejemplo, la doctrina mayoritaria suele dar mayor preponderancia a la infracción de deberes que al criterio –señalado en los artículos 23, 24 y 25 del Código Penal– de la relevancia del aporte objetivo al hecho; y sostiene la tesis de la unidad del título de la imputación (resistida por la jurisprudencia dominante, al menos, en los “delitos especiales impropios”).

Tanto uno como otro tópico forman parte del cuerpo de esta valiosa obra. En ella los autores estudian, respectivamente, las normas generales y específicas que regulan los delitos de corrupción de funcionarios perpetrados en perjuicio de la Administración Pública.

El Dr. Hesbert Benavente Chorres analiza, entre otras, cuestiones como el concepto penal de funcionario (límite objetivo de la autoría), los intereses jurídicos en juego y los ya mencionados problemas de autoría y participación delictiva.

A su turno, el Dr. Leonardo Calderón Valverde aborda los tipos penales por antonomasia relacionados a la corrupción de funcionarios, examinando los delitos de colusión (simple y agravada), peculado (doloso, culposo y sus agravantes), malversación de fondos (básica y agravada) y cohecho (pasivo propio e impropio), precisando en cada caso sus elementos y particularidades típicas, así como sus formas de realización.