octubre 2017

En la segunda década del siglo XXI se ha visto un avance considerable en el uso de las nuevas tecnologías aplicadas en muchos campos del conocimiento, en ese aspecto el derecho no ha sido ajeno al mismo, ha permeado de manera considerable y podemos apreciar ya sus efectos, siendo que en el presente texto se pretende analizar algunos aspectos presentes y futuros de dicha relación de trabajo entre el derecho y las nuevas tecnologías.

En el mes de enero del año dos mil doce, el Congreso del Estado dio un retroceso enorme en cuanto a la protección a los Derechos de Igualdad y Seguridad Social, ya que reformó el artículo 64, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, con la finalidad de evitar que las personas que desempeñaron cargos considerados de confianza, y que cotizaron al Fondo de Pensiones (Jefes de Departamento, Jefes de Unidad, Subdirectores, Directores de Área, Directores Generales, etc.), pudieran recuperar el dinero que de manera obligatoria les descontaban cada quincena.

Con la entrada en vigor a partir de 2016 del denominado sistema penal acusatorio mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federal el 18 de junio de 2008 derivado de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, aunado al cambio de paradigma en la impartición de justicia en nuestro país, es que el tema penal cobró amplia relevancia y notoriedad nuevamente, ello derivado del propio contexto y las necesidades de cumplir a la sociedad con un derecho fundamental imprescindible por parte del estado mexicano que es el acceso a la justicia que se encuentra consagrado en el artículo 17 de la Constitución, así como del principio de legalidad de aplicación obligatoria para cualquier estado social y democrático de derecho.