octubre 2018

Antecedentes del caso: 

En fecha 30 del mes de noviembre del año 2017, se emitió el oficio mediante el cual se determinó un crédito fiscal a la persona moral denominada “Chocolates El Rey, S.A de C.V”, notificado por buzón tributario en fecha 5 de diciembre del mismo año,  emitido por la C. Administradora Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato “3” de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, con sede en la Ciudad de Celaya, Guanajuato.

Si bien es cierto que, desde la adición del artículo 17-K al Código Fiscal de la Federación, la interacción entre las autoridades hacendarias y los contribuyentes pueden darse sin necesidad de papel escrito, ni de hacer presencia en el domicilio fiscal de este último. Lo cierto es que, dado el Estado de Derecho Constitucional bajo el que se rige el Estado Mexicano, esta interacción no puede ser de forma irrestricta; por ende, la autoridad se encuentra obligada a cumplir con todas las formalidades precisadas por la norma a efectos de que sus actos y notificaciones ostenten validez legal.

La doctrina reconoce la aplicación de la autoría correspectiva o autoría indeterminada en aquellos casos en los que, habiéndose comprobado una efectiva intervención conjunta en la comisión de un hecho punible (coautoría en la realización de la conducta potencialmente productora del núcleo típico), no logra acreditarse a plenitud, cuál de los actos múltiples, agresiones o lesiones específicas, o causantes del resultado dañoso, fue o fueron en conjunto el origen causal de su producción, es decir, se habla de una probabilidad de conducta y evidentemente, de responsabilidad.

Antecedentes del caso: 

  • En fecha ***, se emitió el oficio número ***, que contiene la resolución mediante la cual se determinó un crédito fiscal a la persona moral denominada ***, dictado por el Administradora Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Guanajuato “3”, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, con sede en la Ciudad de Celaya, correspondiente al ejercicio comprendido del 1° de enero de 2014 dos mil trece al 31 de diciembre de 2014, por un importe de ***.

Antecedentes del caso:

  • En fecha 5 cinco del mes de abril del año 2018 dos mil dieciocho, se emitió un requerimiento con unas multas por obligaciones incumplidas, emitidas por el C. Director General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de Guanajuato.
  • El día 24 veinticuatro del mes de abril del año 2018 dos mil dieciocho (fecha de notificación), se tuvo conocimiento por parte de la contribuyente que la autoridad fiscal impuso unas multas por la cantidad total de ***, por motivo de unas supuestas obligaciones omitidas en el mes de febrero del presente año.

La dinámica de cambio que ha venido revolucionando en la última década en el mundo del Derecho en México ha hecho más patente la interconexión entre las ramas para resolver problemas particulares, si bien a nivel académico  se han establecido posibles vínculos entre disciplinas ha sido la propia necesidad la que ha materializado las mismas, para el caso que nos ocupa desarrollamos la relación actual y justificada entre el  Derecho Administrativo en su variante sancionadora en correlación con el Derecho Penal y la Dogmática Jurídico Penal en el sistema mexicano.

Antecedentes del caso: 

  • En fecha 29 del mes de enero del año 2016, se emitió la solicitud de información y documentación contenida con número de oficio ***, Orden ***, por el Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Guanajuato “3”, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal con sede en la Ciudad de Celaya, donde se requirieron se exhibieran los contratos celebrados para soportar las deducciones declaradas.
  • Mediante escrito libre de fecha 6 del mes de febrero del año 2016, se aportaron en tiempo y forma 4 cuatro contratos de mutuo, respaldados con estados de cuenta bancarios aclarando el origen de los depósitos de la contribuyente.
  • En fecha 18 de enero del año 2018, se emitió la resolución contenida en oficio ***, mediante la cual se determinó un crédito fiscal, toda vez que derivó del oficio de observaciones contenido en oficio número ***, de fecha 15 de junio de 2017, dónde se negó valor probatorio a documentales sin fundamento legal para ello, con base en requisitos no especificados por la legislación fiscal que regula sus facultades de comprobación, trascendiendo tales consideraciones a la resolución determinante.