Derecho Penal, Opinión, Temporada

Juez ordena a PGR investigar caso Tlatlaya. Sentencia completa.

El juez decimocuarto de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México ordenó que la Procuraduría General de la República (PGR) investigue a fondo la matanza en una bodega en Tlatlaya, Estado de México, y que la indagatoria llegue a mandos militares, a más de tres años de que 22 personas perdieran la vida en ese hecho.

El crimen cobró relevancia a nivel mundial por su gravedad, sin embargo no ha sido esclarecido desde el 30 de junio de 2014. A finales del mismo año, la PGR concluyó que los militares habían matado a sangre fría a ocho de las 22 víctimas.

El juzgado decimocuarto de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México, amparó en julio pasado Clara Gómez, una testigo de la masacre según la sentencia emitida por el Poder Judicial de la Federación al que tuvo acceso el diario El País.

El juez consideró fundada la solicitud de amparo que reclamaba “[…] que la autoridad ministerial, en la integración, ha omitido realizar una investigación efectiva y eficaz de los mismos, así como de la orden militaren la que se establece el abatimiento de civiles en horas de obscuridad, dirigida a la base de operaciones a la que pertenecían los militares involucrados, al igual que lo relativo a la cadena demando y unificar la investigación”, según dice el documento publicado por el medio español.

En la sentencia, el juez señala dos puntos cruciales del caso: la responsabilidad de la cadena de mando y un oficio divulgado un año después de lo ocurrido que mostraba la sorprendente ligereza de los mandos militares respecto al uso de las armas de fuego, destaca el diario.

El juez solicitó a la PGR consideró que también “se tiene acreditado la omisión de investigar respecto a la orden consistente en el abatimiento en horas de oscuridad”.

La propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su Recomendación 51/2014, acreditó que existió privación arbitraria de la vida en contra de los civiles, el deficiente trabajo de la Procuraduría General de la República y la condescendencia del Poder Judicial de la Federación ha provocado que al día de hoy no haya nadie rindiendo cuentas por este delito.

Un primer aspecto a señalar en esta falta de diligencia es que no se ha esclarecido ni siquiera el número de víctimas, afirman organizaciones.

En mayo de 2016, el Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito revocó el auto de formal prisión contra los tres soldados acusados de homicidio calificado al considerar que se requerían más pruebas para acreditar su responsabilidad, sin que la PGR haya hecho mayores esfuerzos hasta ahora por perfeccionar la indagatoria. La resolución del tribunal no significa una exoneración, pero a pesar de los ofrecimientos de pruebas y propuestas de diligencias por parte de la coadyuvancia, no existe en el expediente un avance sustancial.

La CNDH también alertó sobre la alteración de la escena del crimen,“al grado tal que algunos cadáveres fueron movidos y fueron colocadas armas en todos los cuerpos que yacían muertos en el suelo”, cuyas pruebas quedaron evidenciadas en investigaciones periodística, identificadas también por la defensa de una de las sobrevivientes.

Como tercer elemento se suma la falta de acciones para investigar la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad, revelada por el Centro Prodh hace ya dos años. Veinticuatro meses después, la PGR, dentro de la Averiguación Previa PGR/SDHPDSC/DGASRCMDH/DDMDH/CNDH-1/298/2014, no ha llamado a declarar a los mandos relacionados con la Orden de Relevo citada, con excepción del Teniente Coronel de Infantería Sandro Díaz Rodríguez, quien afirmó que el documento es un “machote” y que existen otras órdenes con las mismas instrucciones. De ser cierta esta afirmación, el Ministerio Público de la Federación debería identificar la identidad del autor de dicho “machote” o del mando que debió supervisar tales órdenes, se lee en el documento emitido por las organizaciones civiles.

“Esta falta de debida diligencia es una de las múltiples formas que toma el encubrimiento de graves violaciones a los derechos humanos, especialmente las cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas”, mencionaron.

Información obtenida de www.mwnoticias.com

 

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