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El Sistema Interamericano de protección de derechos humanos, en particular, y el Derecho internacional de los derechos humanos, en general, comparten con el resto del Derecho internacional la necesidad de que los ordenamientos jurídicos estatales sean propicios y se encuentren preparados para el cumplimiento efectivo de sus normas y pronunciamientos. En efecto, ser parte de los tratados y estar incluso sometido a la competencia de los órganos de vigilancia creados por estos no es suficiente, sino que es necesario que el Estado colabore con la adopción de mecanismos internos de aplicación que proporcionen el marco jurídico adecuado para el cumplimiento de las normas internacionales. Resulta necesario promover, en consecuencia, una cultura de cumplimiento de las obligaciones internacionales que propicie, a su vez, una red de implementación uniforme que sirva para hacer efectivo el valor normativo y moral de las normas de derechos humanos.

A partir del mes de febrero del presente año, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Administración, ha hecho alarde de una supuesta revisión jurídica y normativa, que la Dirección de Recursos Humanos ha estado implementando para la revocación de más de quinientos nombramientos de base otorgados en el año dos mil dieciséis, argumentando que ello no significa el despido de persona alguna, y concluyendo con la siguiente aseveración por parte de dicha autoridad: “…El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Administración reitera su convicción de actuar siempre en apego a la norma, privilegiando el orden y adecuada operación de los procesos de basificación de los trabajadores…”.