Tecnología y Tribunales. ¿Qué hay después del COVID-19 para los abogados?

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Con la crisis del coronavirus, la gran mayoría de despachos de abogados han visto su labor interrumpida por la paralización de la actividad en los juzgados. Muchos de estos profesionales no tienen derecho a ningún tipo de prestaciones y el flujo de efectivo se ve mermado ante esta pandemia.

Si bien es cierto, las labores jurisdiccionales se han centrado únicamente a trámites de urgencia, gran parte de los despachos no se encontraban preparados económicamente para un cese de labores de más de un mes, como ha ocurrido en la gran mayoría de los poderes judiciales de México.

La falta de procesos de administración y previsión para este tipo de situaciones, deja a los abogados con un muy mal sabor de boca, debido a que tanto tribunales como abogados no se encuentran mi material ni técnicamente adecuados a la administración de justicia de manera digital.

Evidentemente, y para casos de urgencia, a una velocidad notable, se están desarrollando nuevos métodos y técnicas para que los Juzgados y Tribunales (principalmente penales) puedan llevar a cabo celebración de audiencias de manera remota por medio de servicios de terceros como la plataforma de Telmex, Skype o Zoom, lo cual, es una adaptación -moderada y urgente- ante la situación de salud que vivimos.

Precisamente, este tipo de nuevas y emergentes formas para impartir justicia (y la forma en la que están siendo implementados), es un punto de inflexión para reflexionar la urgencia de adecuar la tecnología la labor arraigada de los abogados y de los Tribunales. ¿Qué hace falta? Sin entrar en la labor legislativa, creatividad del juzgador.

Un ejemplo claro, es el comunicado de prensa emitido por un Juzgado de Nueva York, en el cual los tribunales ampliaron sus labores más allá de los asuntos esenciales y de emergencia, y de esta forma, iniciaron a escuchar asuntos pendientes, ampliando de esta manera, el sistema judicial virtual para incluir delitos pendientes de lesiones, delitos comerciales, patrimoniales, fideicomisos y propiedades, delitos graves, familiares y otros casos que ocupan la mayor parte de los casos de tribunales de primera instancia.

Es un hecho que el siguiente colapso por el COVID-19 será en los Juzgados y Tribunales de México, si bien es cierto que muchos juzgados están trabajando contrarreloj para tratar de “sacar” la gran mayoría de los asuntos en ponencia, lo cierto es que será una labor maratónica el actualizar todos los expedientes que digitalmente se han iniciado, actualizar todas las actuaciones y pendientes, y evidentemente trabajar sobre los nuevos asuntos que serán turnados a diferentes juzgados cuya presentación o trámite se han suspendido en este mes.

Todo esto tiene un serio problema: la forma de aprender a utilizar nuevos mecanismos o tecnologías que no son compatibles con la labor de los abogados “clásicos”, artesanales, recelosos de lo electrónico. Si bien es cierto, este tipo de actuaciones son muy respetables, pues mantiene la esencia “clásica” del Licenciado en Derecho, hay una gran probabilidad de que pueda ser superado por los procesos bien organizados que solo la tecnología puede ofrecer, y que sin duda alguna genera cambios importantes para la impartición de justicia.

Y es que a abogacía tiene una amplia variedad de fuentes laborales. Desde aquellos abogados que decidimos optar por la litigación, hasta aquellos que se desenvuelven en la función pública, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo o el Poder Judicial, docentes, así también como aquellos que decidieron invertir su tiempo y vida en la investigación. Si contamos que al año egresan de universidades de México un aproximado de 46,469 Licenciados (35,671 con trámite a cédula profesional), un enorme número de egresados entran al campo laboral con nuevas ideas, los cuales dominan en cierto punto los beneficios que un smartphone y el mundo que ofrece internet.

Actualmente existe una brecha generacional muy grande a nivel jurídico que facilita la observancia entre este fenómeno de “modernización” por el que están pasando los juristas, no únicamente de México, si no alrededor del mundo. Las grandes firmas de abogados a nivel mundial han empezado a migrar sus procesos de trabajo a aquellos que integren la tecnología en el uso diario de sus abogados. En Europa y Estados Unidos, es común el encontrarse con apps que los propios Bufetes de abogados crean para tener un contacto personalizado, 24/7 con sus clientes y empresas con las que trabajan. Es común encontrar en diarios españoles cómo los bufetes día a día le apuestan a prácticas de marketing jurídico agresivo. El manejo del derecho se está volcando hacia la tecnología de la información y el uso de aplicaciones responsivas.

En un estudio sobre equipamiento tecnológico de los despachos en España, realizado en 2013 por Wolters Kluwer, da a conocer que el 87% de los abogados considera muy importante la posibilidad de movilidad y de poder realizar el trabajo de forma itinerante, en cualquier momento y desde cualquier lugar, del mismo modo que el 90% reconoce que la tecnología es fundamental para el desarrollo de su profesión. El estudio también llama la atención sobre el hecho de que, aunque el paradigma de la consulta sobre formatos en papel ha desaparecido, el grado de adopción de las nuevas tecnologías va lento, y desvela que el 85% de los abogados recurre a buscadores y bases de datos online para preparar sus casos y es marginal el porcentaje de quienes lo hacen en papel.

En este ámbito resulta sorprendente que, mientras el sector teme los peligros del uso de Internet para cuestiones delicadas de los clientes, exista, en cambio, un alto porcentaje de abogados que se documenta en Google, sobre todo en el caso de los despachos más pequeños, aun tratándose de una fuente de información sin garantías de actualización ni certeza, tal y como alertan los expertos.

Según Xavier Ribas, Socio en Ribas y Asociados, Bufete Español especializado den Derecho Digital, la adopción de nuevas tecnologías ha estado siempre rodeada de mitos y leyendas sobre los riesgos de su uso por el miedo a lo desconocido. Por eso, la implantación de una tecnología exige esfuerzo y un error puede acabar con horas o incluso con meses de trabajo. Para él, un cambio de este tipo debe llevarse a cabo “por su utilidad acreditada y no por una moda”, y recuerda que la información es un activo a proteger que hay que saber gestionar.

El principal temor del por qué la abogacía no termina de dar el salto tecnológico es el riesgo de seguridad. Sin embargo, según los expertos, Internet o la nube no son inseguros per se, todo depende de cómo se usen. “Trabajar en la nube o en Internet es tan seguro cómo llevar los papeles en una cartera con cierre de seguridad, y tan inseguro como esa misma cartera abierta por la calle y sin prestarle atención”.

Es duro decirlo, pero es claro que el uso de nuevas tecnologías no es de importancia para muchos abogados de la vieja escuela, situación diferente para abogados que han crecido con este tipo de tecnologías desde el estudio universitario, incluso antes.

Esta negativa, por así decirlo, al uso e implementación de servicios tecnológicas ocasiona una curva lenta de aprendizaje con la implementación de tecnologías necesarias en estos casos de COVID-19.

Bien es cierto, que han surgido numerosas formas de dar seguimiento al uso de servicios de terceros, esta debe de ser una llamada seria para los Poderes Judiciales de todos los estados, y del Federal, de implementar tecnologías propias que les ayuden en su labor jurisdiccional, sin depender de terceros.

Es cierto que el Poder Judicial de la Federación utiliza desde hace más de 6 años su propio servicio en Línea para la tramitación de procesos relativos a la Ley de Amparo, un servicio ágil y que se ha logrado mantener debido a los estándares de seguridad para los usuarios, quienes necesariamente necesitan tener una firma electrónica, la cual es generada por un interesante método de autenticación.

Sin embargo, el problema práctico que se vive día a día es el hecho de la falta de capacitación para los actores jurídicos de utilizar correctamente este sistema. El producto ya lo tenemos, la implementación, ha sido lo complicado.

La pandemia por la que actualmente pasamos, debe de ser ese paradigma que nos ayude, tanto a postulantes, juzgados, tribunales, a implementar medidas tecnológicas que ayuden y faciliten los procesos jurisdiccionales desde cualquier lugar, no precisamente en Juzgados, y en la cual se pueda cumplir con una adecuada impartición de justicia.

Autor

Gerardo Fco. López García

Licenciado en Derecho, Egresado de la Universidad Anáhuac con especialidad en Ciencias Penales, Oaxaca. Defensor y asesor jurídico de víctima con affaire con el Constitucional. Titular de Procesos Penales y Federales en la firma jurídica López Thomas - Abogados.

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