Este artículo analiza la relación entre el principio de inmediación y el control del razonamiento probatorio en segunda instancia. Se muestra el alcance del control que puede realizarse sobre la calidad del razonamiento probatorio sin afectar al principio de inmediación, adecuadamente comprendido.
Con la entrada en vigor a partir de 2016 del denominado sistema penal acusatorio mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federal el 18 de junio de 2008 derivado de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, aunado al cambio de paradigma en la impartición de justicia en nuestro país, es que el tema penal cobró amplia relevancia y notoriedad nuevamente, ello derivado del propio contexto y las necesidades de cumplir a la sociedad con un derecho fundamental imprescindible por parte del estado mexicano que es el acceso a la justicia que se encuentra consagrado en el artículo 17 de la Constitución, así como del principio de legalidad de aplicación obligatoria para cualquier estado social y democrático de derecho.
Para llevar a cabo la individualización de la pena, el Juez de Juicio Oral o el Tribunal de Enjuiciamiento – según se trate del Código Procesal Penal Mexiquense vigente antes del 16 de junio de 2016, o del Código Nacional de Procedimientos Penales –, realiza un análisis de todos y cada uno de los factores comprendidos en las fracciones que integran el artículo 57 del Código Penal vigente para el Estado de México; incluyendo, desde luego, lo dispuesto por la fracción VIII del numeral en cita, así como lo ordenado por el artículo 69 del mismo ordenamiento punitivo, en su parte conducente, y entre otras penas, impone la amonestación pública para que no reincida el acusado, aplicándole el artículo 55 del propio Cuerpo de Leyes.
